A poco más de 24 horas de que se emitan los primeros votos en una de las elecciones más polarizantes y llenas de odio de los últimos años, estamos en el pórtico de una combinación de factores financieros, económicos, culturales y sociales que nos invitan, principalmente, a que nos sintamos con la moral baja, asfixiados por el prospecto de una crisis de proporciones demoledoras para varias generaciones de costarricenses que se han encontrado frustrados por una clase política clientelista, corrupta y enajenada.
Sin embargo, la coyuntura que hoy enfrentamos supera los resultados mediocres y decepcionantes del primer gobierno del PAC. Más allá del pobre desempeño de Luis Guillermo Solís como líder (lo cual da para otra entrada, pues hay mucha tela por hilar en ese tema), la idea de un gobierno fundamentalista, que ataca el corazón de la institucionalidad del Estado costarricense sin reparos, que atiza los miedos más infundados de nosotros como sociedad e individuos, y cuya raison d’être es promover guerras culturales en pos de victorias electorales es simplemente infame y desdeñable.
Primeramente, sepan que el punto de este texto no es convencer a nadie, principalmente porque sé que la mayoría de quienes lo leerán son afines a una ideología política cercana a la mía (o al menos que compartimos ciertos valores fundamentales). Lo que quiero resaltar es que, si Fabricio Alvarado gana las elecciones, una gran parte de la población no sentiremos cambios drásticos hacia ningún sentido, sea hacia adelante o hacia atrás. Es decir, los derechos que la mayoría, actualmente, disfrutamos quedarán intactos.
Ahora, esto es porque vemos el panorama desde un punto de vista de privilegio, especialmente alguien como yo. Realmente, yo no sería afectado para nada si Fabricio Alvarado fuera presidente: me puedo casar, me puedo asegurar (y a quien sea mi pareja), no me acosan en la calle, nunca me han discriminado por orientación sexual, etnia, género, religión ni ideología política. Siempre he tenido pleno acceso a los servicios del Estado y a aquellos del sector privado sin obstáculo alguno. Nada de esto cambiaría bajo el gobierno de Fabricio Alvarado y el Partido Restauración Nacional. Sin embargo, el reconocimiento de este privilegio es algo esencial para identificar el problema en el proceso de pensamiento de quienes aún están indecisos o van a votar por Fabricio Alvarado. La equiparación y reivindicación de derechos humanos es parte de la evolución necesaria que debe atravesar una democracia madura. Un retroceso en esta materia vulnera el orden constitucional (llamado de atención a la Sala Constitucional), y recular en los vínculos internacionales (CIDH, OEA) sólo genera incertidumbre en el marco del Derecho Internacional Público, el cual está basado en la buena fe de sus actores. ¿Cómo funcionarían las relaciones exteriores de un país sin ejército en medio de una estructura cada vez más hostil y reacia a los organismos internacionales?
Más allá de este sensible tema jurídico, interesa en sobremanera la forma en que el costarricense ve a sus conciudadanos. Desgraciadamente, en esta campaña se ha evidenciado que nos observamos como rivales, como dos bandos que buscan ventajas relativas en vez de las absolutas. He aquí uno de los puntos de mayor discordia y que causan la mayor división en la población: la equiparación de derechos humanos para con cierta parte de nuestra sociedad, la cual ha sido históricamente alienada y discriminada, representa para una importante porción de nuestra nación una amenaza latente a sus derechos y a la identidad del país. El problema con esa idea es que, primero, el reconocimiento de derechos no es una afrenta para el resto. Más bien, nosotros como “clase privilegiada” deberíamos estar más interesados en cuidar que la comunidad LGTBI sea integrada completamente a la sociedad costarricense de manera tal que puedan disfrutar el goce total de sus derechos como ciudadanos, los cuales ya la mayoría poseemos, y no tratarlos como ciudadanos de segunda categoría sólo porque quieren ser libres de expresar su amor y su identidad de la manera en que ellos se sientan cómodos, así como los demás lo podemos hacer sin problema.
Segundo, la “identidad” de un país no es perenne, sino que, por definición, se transforma a través del tiempo pues es un constructo social. Somos nosotros como sociedad quienes construimos esa identidad, no se nos es otorgada de manera graciosa o divina. De esta manera, somos nosotros mismos quienes la determinamos. En otras palabras, nadie es dueño de la identidad del país, y quien quiera adueñarse de ella, como lo estamos viendo, basará su estrategia en la división y discriminación para lograrlo.
El desdén que muchos ciudadanos demuestran frente a la constante discriminación y agresión (desde el nivel discursivo hasta físicamente) hacia nuestros conciudadanos sexualmente diversos me preocupa enormemente. No son privilegios lo que ellos buscan, sino los mismos derechos que el resto ejercemos irrestrictamente. Obviar que esto es una amenaza clara y sistemática para el Estado Social de Derecho, para nuestras convicciones democráticas y para el progreso socioeconómico de la nación es una irresponsabilidad cívica y una miopía voluntaria. En otras palabras, la homofobia, transfobia y discriminación en todas sus formas no son compatibles con un Estado Social de Derecho ni con la democracia.
Tal vez a usted no le afecte en nada que gane Fabricio Alvarado. Tal vez crea que ambas opciones son nefastas. Si es así, le propongo lo siguiente: votemos por los que sufren día a día insultos en la calle sólo porque se ven distinto o porque aman diferente. Votemos por quienes han sido invisibilizados por las políticas públicas de un país tan conservador que ni siquiera les reconoce su propia identidad, que no los llama por su nombre y que les niega derechos humanos básicos. Votemos para demostrar que nos interesa el bienestar de nuestros conciudadanos, no sólo en materia económica, pero que nos interesa que se les reconozca la dignidad humana que se les ha sido restringida histórica y sistemáticamente. Votemos para que todos, sin importar lo que diga nuestra cédula, gocemos de los mismos derechos para defenderlos como nación. Votemos, no para sentirnos bien con nosotros mismos, sino porque, como mayoría, es nuestro deber velar y proteger a nuestras minorías. Es nuestro deber como ciudadanos costarricenses cuidar nuestras espaldas, pues cuando se violentan los derechos humanos de una persona, se violentan los de todas las personas. Nuestro país está en juego, pero esta vez no debemos perder.
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